Su servidor al igual que los integrantes de la planilla que presido, tenemos la firme intención de cumplir con el artículo cuadragésimo octavo; que impone como obligación; que el Colegio, tome acuerdos, de colaboración e intervenga, para corregir irregularidades y sobre todo delictuosas de las Autoridades, especialmente, de aquellas que impartan y administren justicia; esto con un ánimo crítico y de cooperación principalmente; cuando las conductas de estas autoridades causen agravio a las personas físicas o morales y a los integrantes de nuestro gremio, sin olvidarnos de los otros dos poderes, el Legislativo y Ejecutivo; cuando sus actos se salgan de la senda constitucional; esforzándonos en llevar a cabo lo anterior, para eliminar el descrédito de nuestra profesión ante la sociedad y con ello, lograr una cultura de credibilidad en la misma, como se está realizando en la actualidad en nuestro Colegio, aunado al fortalecimiento, reconocimiento y aplicación por parte de los Gobiernos de nuestro Municipio y nuestro Estado de los derechos humanos, contenidos en las normas jurídicas nacionales y tratados internacionales porque: “El abogado, por sus capacidades y por su sensibilidad, tiene el deber de asumir la grave responsabilidad de ser también, un observador y crítico del poder por el bien de sus representados y de la sociedad en general a la que pertenece. El abogado está comprometido con la ética, asumiendo ese rol, es decir, debe ser intolerante con aquellas manifestaciones del poder que son el producto de conductas cívicas, jurídicas e institucionales reprochables, siendo un activo impulsor de causas de contenido cívico, actuando tanto en el marco de los Colegios de Profesionistas, como a título individual, como el ciudadano que también es.
Destacando, que este tipo de obras, no debe ser entendido como hostil al gobierno de turno o en contra de las instituciones sino, por el contrario, se trata de una noble contribución al mejor funcionamiento de estas y al éxito de aquel; en virtud de que los intereses de nuestros representados, debe de ser siempre y en todos los ámbitos, el riguroso y amplio control de su gestión.
Los abogados tenemos que comprender, que tenemos la ineludible obligación de capacitarnos e instruirnos, para comprender, la evolución del derecho en relación al mundo en que vivimos. Comprender las nuevas realidades, las nuevas tendencias y costumbres y ajustar nuestros servicios y conocimientos a las necesidades del mundo actual.”(Sic) La revista Órgano Informativo del Colegio de Abogados de Irapuato, A.C. Época 1 No. 6 Editorial de la LIC. ANTONIA GUTIERREZ ORTEGA..
Mi interés, para proponer el plan de trabajo, es producto de mis convicciones y de mi experiencia en la etapa de servidor público, catedrático y litigante principalmente en materia penal, toda vez que, entre los servidores públicos actualmente, no existe una cultura de respeto al control Constitucional especialmente a las garantías individuales o derechos humanos, por lo que debemos reforzar y crear la misma.
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